La cultura en la construcción ciudadana

Jornadas de Reflexión Cómo construir un nuevo país.  Fundación Francisco Herrera Luque. Junio 2002

  En términos generales la acción cultural en Venezuela se sigue considerando superflua, suntuaria, por no decir innecesaria, y sobre todo autoderogatoria de los productos culturales que se generan en el país. Y es más que lamentable porque indica que no se comprende que el desarrollo social, económico, político, deriva de la cultura que es una de las fuentes principales de la ciudadanía. O dicho de otro modo, que la cultura es el eje transversal que sostiene el desarrollo y bienestar de los pueblos. Quienes tienen la oportunidad de viajar a los países del primer mundo, fácilmente regresan con la expresión de que “la gente allí es culta”. No quiere eso decir que todos sean artistas, grandes creadores, ni siquiera que se trate de un país principal en las manifestaciones culturales universales. Se están refiriendo a modos de vida, a ejercicio ciudadano, a respeto por las cosas que dignifican y dan disfrute a la existencia, al orgullo de sus valores y aportes a la cultura universal que los identifican en el mundo. Nada de eso es improvisado. Requiere una acción persistente por parte de la sociedad misma en crear su “cultura”, en mantenerla y respetarla, y no menos, costearla. Los países subdesarrollados, por el contrario, se caracterizan por tener elites cultivadas y consumidoras de los productos culturales del primer mundo, versus grandes sectores excluidos de los bienes y servicios culturales. Podría decirse que ello ocurre en otros ámbitos, salud, educación, medios, etc, y que finalmente responde al problema de la pobreza. El asunto sobre el cual quiero hacer énfasis es que una de las causas de la pobreza es precisamente la exclusión de esos bienes en una suerte de círculo vicioso, pero sobre todo, insistir en que para llevar a cabo la acción cultural no es necesario esperar a que todos los problemas relacionados con la pobreza se resuelvan, sino al contrario, comprender que no se resolverán sino se parte de la visión de que la cultura es una herramienta fundamental en esa lucha, por distintas razones que intentaré exponer. Para proyectarnos hacia la construcción de un país que queremos presentaré una sucinta visión de la situación histórica y actual de la cultura en Venezuela. A partir de los años sesenta, el Estado venezolano desarrolló una estructura de instituciones culturales históricamente consolidada a lo largo de treinta años en todos los sectores: Música, Teatro, Danza, Literatura, Bibliotecas, Cinematografía, Fotografía, Artesanía y Folklore, Patrimonio Cultural, y una red de Museos que es considerada entre las más importantes de América Latina. Esta estructura institucional ha desarrollado su acción en el ámbito de producción de bienes y servicios culturales, formación de creadores y artistas, publicaciones, difusión e investigación. Comprende fundamentalmente los entes tutelados y adscritos del Consejo Nacional de la Cultura (la mayor parte de las Fundaciones del Estado, museos, orquestas, escuelas de diferentes disciplinas artísticas, editoriales, Institutos Autónomos, etc.). Parte importante de la red cultural han sido también los entes subsidiados compuestos por Fundaciones o asociaciones civiles que dependen totalmente del aporte estatal, más un altísimo número de pequeñas agrupaciones e individuos que han recibido aportes puntuales para la realización de proyectos. A nivel estadal y municipal existen las Direcciones de Cultura de las gobernaciones y alcaldías, y las Casas de Cultura, además de la red de Ateneos, de gestión privada con importante aporte estatal, sin contar las Direcciones de Cultura de las universidades públicas y privadas que, de hecho, forman parte de la red institucional cultural. Paralelamente a la creación y consolidación de esta red cultural se fue desarrollando una capacitación gerencial y especializada por sectores que permite establecer que los recursos humanos son razonablemente suficientes para realizar las políticas y proyectos culturales, si bien ha sido insuficiente la acción por mejorar, entrenar y continuar la capacitación de los empleados públicos del sector, la cual se ha producido más por iniciativa personal que obedeciendo a un plan de entrenamiento institucional. Al igual que en el resto de la administración pública el incentivo por meritocracia ha sido de bajo alcance. En la década de los años ochenta comenzó una significativa intervención del sector privado y se crearon múltiples asociaciones y fundaciones, un gran número de las cuales ha desaparecido o reducido considerablemente sus programas por efecto de la erosión económica y por la falta de incentivos para el aporte del capital privado. Subsisten con plena acción solamente un pequeño número de ellas, pertenecientes a las grandes empresas y sector bancario. Durante estos años el Estado definió un rol promotor dentro de una visión democrática pero si bien el sector público fue históricamente el principal promotor y realizador de la acción cultural en Venezuela, es necesario tomar en cuenta que su visión  sufrió el mismo sesgo paternalista que ha marcado la cultura política venezolana en la relación del ciudadano con el Estado. Esto ha generado tendencias indeseables que sería necesario revertir. Por parte del sector público, una negligencia en el monitoreo de los subsidios que otorga y el impacto de los productos que ofrece, unido a una visión que no ha tomado en cuenta las posibilidades de articular los productos culturales con la empresa económica que permita llevar a muchos de ellos hacia la autogestión, rentabilidad, y participación en la vida económica del país. Por parte de los beneficiarios de los subsidios, aportes, y patrocinios, el sesgo paternalista ha incidido en la visión de que se trata de un regalo, el cual, una vez recibido, no genera más compromisos, de modo que se desestimula la posibilidad de gerenciar y administrar los recursos recibidos para su posible recuperación. Por parte del sector privado, se ha producido una tendencia que, salvo excepciones, considera la cultura como problema de los gobiernos, lo que condiciona su baja incorporación, tanto económica como estratégica, en la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población como elemento indispensable, junto a la salud y educación, para alcanzar un país formado en los valores de la ciudadanía y la producción económica. En este sentido, la cultura como acción pública no estuvo exenta de la visión, en cierta forma magnificente de otorgar recursos y patrocinios dentro del clientelismo de Estado sin preocuparse de estudiar y controlar el impacto de los mismos, y sobre todo dentro de un rol otorgante pero sin profundizar la vinculación y participación ciudadana con las acciones emprendidas. Ello produjo una relación del ciudadano con la cultura más en función de los recursos y presupuestos que en su identificación con los proyectos. Una relación inclinada a la pasividad, a la recepción de los bienes culturales sin la correspondiente articulación con su producción. También es necesario consignar que dentro del escenario en el cual el Estado copaba la mayor parte de las políticas culturales, se fue produciendo una proliferación de organismos y acciones que con frecuencia solapaban sus funciones, lo que además conducía a una falla en la optimización de recursos. A partir de mediados de los años noventa el sector cultural comienza a sufrir un proceso persistente de retraso en las entregas de los montos comprometidos para su sostenimiento y desarrollo y una tendencia creciente a la disminución de los presupuestos asignados. Este proceso se hace crítico a partir de 1999 hasta el presente, de modo tal que un gran número de entes tutelados y adscritos entran en situación de franco déficit ante el abandono presupuestario por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, del cual ahora depende el viceministerio de Cultura, produciéndose una parálisis de los programas y servicios de muchos de estos organismos, constantes amenazas de cierre por insuficiencia para el pago de servicios básicos, y manifestaciones de protesta, paros y huelgas por incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores. Correlativamente los entes subsidiados se han visto obligados al cierre o parálisis de sus actividades. Sin embargo, es necesario destacar que el abandono presupuestario no es solamente un problema de asignación y flujo de recursos. Es parte también de una visión política que inscribe la cultura en los paradigmas de la Revolución Bolivariana. En la practica los resultados de la llamada Revolución Cultural han tenido el efecto de generar un proceso regresivo en la red institucional cultural pública y privada que hace necesario prever la ocurrencia a corto plazo de una pérdida patrimonial por cierre de las instituciones, deterioro de los bienes a su cuidado, dispersión de los recursos humanos capacitados y desaparición de las redes privadas. Esta pérdida toca también al patrimonio intangible en tanto la producción cultural, la posibilidad de que los ciudadanos desarrollen sus talentos creativos, se ha visto suspendida. Es un valor de las sociedades democráticas el apoyo y auspicio de la producción cultural, precisamente para democratizar y extender la oportunidad a la amplia mayoría ciudadana. Lejos de haber incorporado a la cultura a los estratos excluidos –como ha sido el lema de la Revolución Cultural-, lo que se ha producido en los últimos años es un desprecio absoluto por toda la vida cultural y un empobrecimiento devastador de su acción en todos los ámbitos. El olvido y descrédito de las manifestaciones intelectuales y artísticas, por considerarlas un emblema de clases medias y altas,  ha sido una política perversa del actual Gobierno con evidentes fines políticos. Sin referentes culturales los ciudadanos quedan inermes y aislados frente a los discursos y prácticas políticas totalitarias. Por el contrario, la vinculación con los productos que se derivan de estas manifestaciones creativas son indispensables para sostener el pensamiento, la producción de discursos intelectuales, la relación intercultural, así como el diálogo e intercambio entre las manifestaciones culturales de los creadores y la sociedad de la cual provienen. Esta producción artística, literaria, intelectual es parte fundamental del patrimonio cultural de las naciones y contribuye a su posicionamiento como país en el diálogo internacional; a la imagen que del mismo se tiene, a la valoración que se hace de su perfil político, y a la autoestima nacional. La imagen de Venezuela en el mundo es sumamente pobre en tanto los únicos valores mediáticos que nos identifican son los concursos de belleza femenina, lo que contrasta con la política cultural que han desarrollado otros países latinoamericanos de cara a su perfil exterior, como sería México, por citar el ejemplo más notable. Pero todavía más inquietante es la pobre autoestima que de sus valores y producciones tiene el ciudadano venezolano. La consolidación de la dignidad y valoración de los pueblos está directamente relacionada con la autoestima que tienen por su contribución a la producción económica y cultural del mundo.   Hacia una nueva visión de la cultura en Venezuela La definición de la UNESCO establece claramente que la Cultura debe ser colocada en el centro de la estrategia de desarrollo y descarta la concepción tradicional según la cual se restringe al cultivo privilegiado de las Artes. En la definición actual la acción cultural incluye los derechos culturales como parte de los derechos humanos, los modos de vida, el sistema de valores, las tradiciones y creencias, la participación ciudadana y la producción económica. Por ello debe transformarse la visión del gasto cultural como pérdida o gasto suntuario para enfocarla en una visión contemporánea y comprenderla como una inversión de valor estratégico en la recuperación del país por su alto impacto en el fortalecimiento de la ciudadanía democrática. En una sociedad democrática avanzada la acción cultural debe estar libre de doctrinas políticas parciales y sustentarse en sentido amplio en los valores de la democracia, tales como la libertad de expresión y opinión, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, el respeto por el multiculturalismo, el pluralismo, las problemáticas particulares de las minorías y la comunicación intercultural. En el mundo contemporáneo la acción cultural debe estar enfocada de modo que supere las tradicionales fronteras entre “cultura de elites”, “cultura de masas” y “cultura popular” a fin de incluir no sólo los distintos sectores de intereses y necesidades sino los nuevos espacios culturales y tecnológicos, para permitir que el libre ejercicio de la ciudadanía activa desarrolle sus propios espacios de creación y producción en un país diverso y multicultural como es Venezuela.   Algunos objetivos generales: 
  1. El desarrollo de acciones culturales que promuevan el sentido de pertenencia y el respeto por el patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación.
  2. El fortalecimiento de la vinculación social mediante los códigos culturales y el respeto por la diversidad de intereses y proyectos.
  3. La participación social en la recreación productiva y la identificación con valores de solidaridad, construcción, paz y disfrute de la existencia.
  4. La promoción de la equidad de género, la diversidad cultural y la diversidad de intereses de acuerdo a las problemáticas de las minorías.
  5. La promoción de la actualización de las aptitudes y talentos, y el crecimiento intelectual, creativo y ético de la población, con especial énfasis en niños/as y jóvenes.
  6. El establecimiento de ejes de correlación entre los productos culturales y las empresas económicas a fin de superar la visión de la cultura como subsidio e insertarla en el sector productivo.
  Algunos objetivos estratégicos: En las actuales circunstancias de Venezuela, la acción cultural debe centrarse en las siguientes tareas prioritarias: A) Ante la pérdida patrimonial:
  1. Establecimiento de un diagnóstico que permita emprender la recuperación de los organismos tutelados y adscritos del Consejo Nacional de la Cultura, y las Direcciones de Cultura de las gobernaciones, para determinar aquellos con posibilidad de recuperación y el establecimiento de un programa de recuperación progresiva, y aquellos que pudieran ser considerados en pérdida total, para evaluar su cierre o su posible privatización.
 
  1. La acción cultural debe conformarse como una política social que establezca correlaciones con la producción económica.
  B) Ante la pérdida de la producción cultural
  1. Reestablecer en el discurso político la dignidad y valor de la producción cultural como parte de la identidad nacional mediante una activa promoción, difusión y estímulo de los bienes culturales.
  2. Las direcciones generales sectoriales y las direcciones regionales deben establecer una evaluación de sus recursos y posibilidades para recuperar sus programas, redimensionarlos, y seleccionarlos de acuerdo a su impacto social e importancia para la producción cultural nacional.
  C) Ante la situación socioeconómica  Para que una persona pueda participar de los bienes culturales de su sociedad tiene, primero, que construirse como sujeto de cultura. Es decir, ser alguien que desde la infancia pueda sentirse parte de una comunidad que desarrolla acciones en función de mejorar y dignificar la existencia, para así construirse como actor y receptor de esos bienes. La exclusión de grandes sectores de la población de los bienes y servicios culturales es necesario considerarla como uno de los efectos más perniciosos y graves de la pobreza,  que lleva adjunto el empobrecimiento cultural, y limita drásticamente las posibilidades del desarrollo humano de la persona y las comunidades. La acción cultural es un factor indispensable dentro de las políticas públicas que tiendan a eliminar tanto los efectos como las causas de la pobreza por ser de alto impacto en la lucha contra los efectos destructivos que la pobreza produce en el tejido social en términos de exclusión, pérdida de cohesión social, baja autoestima e iniciativa, deterioro de valores ciudadanos, y delincuencia. Ciertamente no todas las acciones culturales serán contablemente redituables. El beneficio es necesario verlo en términos sociales, como una fuente primordial en la construcción ciudadana porque la cultura es el corazón de un país. Sabemos que las personas que viven y crecen en comunidades excluidas generan otras fuentes de ciudadanía ligadas a valores disonantes con relación a los patrones de bienestar y logro propios de las comunidades incorporadas. Es necesario preguntarse qué ocurre con los valores generados por la educación formal (trabajo digno, metas de bienestar, valoración e inserción ciudadana) cuando resultan disonantes con los valores y signos de prestigio de la comunidad, así como con los resultados tangibles en términos económicos. Para que los valores de ciudadanía generados en niños y jóvenes a través de la educación formal tengan apoyo requieren estar acompañados de una mínima consonancia con los valores generados por la comunidad de referencia. En ese sentido la facilitación y promoción de acciones culturales que vinculen a la comunidad con valores ligados a su dignificación, el disfrute de la creatividad positiva, y la participación ciudadana es fundamental. Para insertarse en una estrategia de desarrollo social y productivo y en la construcción ciudadana, es necesario establecer en orden prioritario el problema de la exclusión del sujeto del discurso cultural; a) en términos de su pertenencia a la tradición y producción de bienes culturales de la sociedad; b) en términos de la exclusión territorial de las instancias y acciones donde se desarrolla esa tradición y producción. La incorporación, por lo tanto, debe actuar también en ambos sentidos: a) la producción de acciones culturales propias y desarrolladas en el ámbito local, y b) la vinculación de las comunidades con las acciones producidas por las instituciones culturales en el ámbito extenso. Los efectos deseados son, por un lado, la apropiación interior de la acción cultural que lo construye en sujeto de cultura; y por otro, la apropiación territorial que le permite reconocer simbólicamente los bienes públicos compartibles. Es necesario prever que la articulación entre los individuos y las pequeñas comunidades con los bienes y servicios culturales, así como con la producción de los mismos, necesita de programas de desarrollo cultural comunitario que lleven a cabo una acción a largo plazo de articulaciones vinculantes entre los proyectos y las comunidades de base a través de los líderes y  núcleos organizados (escolares, asociaciones vecinales, iglesias, centros sociales o deportivos, etc.), a fin de producir propuestas que no obedezcan a una agenda predeterminada sino a los intereses vivos en aquellos a quienes va dirigida. La acción cultural
  1. consolida redes de identificación comunitaria
  2. enseña a los individuos a participar conjuntamente de la recreación positiva
  3. convierte el ocio en producción creativa
  4. participa de la prevención de la delincuencia y embarazo precoz, dos factores graves de la población adolescente
  5. mejora sustancialmente la capacidad de los individuos y las comunidades en la realización de proyectos útiles y benéficos para sí mismos
  6. inserta a los sujetos en la red simbólica que representan sus tradiciones, la actualización de sus habilidades y talentos, la identificación con valores de construcción, paz y disfrute, y ofrece referencias de autoestima frente a la violencia y desvalorización a que los ha sometido la exclusión.
  Base constitucional En los artículos 98, 99, 100 y 101 de la Constitución Nacional, en el apartado De los derechos culturales y educativos, se declara que 1.La creación cultural es libre. 2. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado garantizará mediante las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. 3. La Ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana al exterior. 4. El Estado garantizará a los trabajadores culturales su incorporación al sistema de seguridad social.   Base legislativa La acción cultural en Venezuela se ha desarrollado sin una legislación coherente que regule los ámbitos de acción, los propósitos y fines, los presupuestos asignados, y la diferenciación de competencias entre los múltiples organismos que con frecuencia se solapan o duplican sin asegurar la eficiencia de ninguno. Son necesarias para la acción cultural: a)La discusión amplia con los sectores relacionados del Proyecto de la Ley Orgánica de Cultura introducida por el Viceministerio, la cual contiene un claro sesgo político orientado por la Revolución Bolivariana, y que se expresa en una fuerte tendencia a la estatización y centralización, así como en controles para la inversión privada.
  1. El establecimiento de competencias y asignaciones entre los distintos organismos regionales y municipales que componen la acción cultural, de acuerdo a la Ley de Descentralización.
  2. La aprobación de leyes regionales y ordenanzas municipales a fin de establecer las legislaciones necesarias para cada entidad.
  3. La incorporación de los creadores, trabajadores, y profesionales de la cultura al sistema de seguridad social.
  4. La incorporación del sector privado mediante una Ley de Mecenazgo que brinde incentivos al capital privado para participar en planes culturales de libre iniciativa o en cogestión con el sector público. Existe un proyecto no introducido para discusión.
  Base política En 1960 fue creado el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. En 1975 dicho Instituto fue transformado en Consejo Nacional de la Cultura, como órgano adscrito a la Presidencia de la República. Durante 1989 a 1993, la presidencia del Consejo Nacional de la Cultura obtuvo rango de Ministerio de Estado sin cartera; rango perdido en el período 1993-1998. En 2000 fue transformado en Viceministerio de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, grave retroceso en la aspiración histórica que ha producido una autonomía limitada, pérdida de diálogo con el Gabinete Ejecutivo, ausencia de un estatus legal que garantice una cuota mínima asignada a nivel nacional, regional y municipal, y debilidad en el reconocimiento político de la acción cultural como derecho consagrado en la Constitución Nacional. Para que el Consejo Nacional de la Cultura logre un estatuto político que le permita llevar a cabo sus fines es necesaria su transformación en Ministerio de Cultura, a fin de asegurar su autonomía administrativa y presupuestaria, así como su reconocimiento en las políticas sociales desarrolladas por el Ejecutivo.   Base presupuestaria El actual presupuesto público de 0.3% es absolutamente insuficiente. No existen datos sistematizados del presupuesto privado. La Cultura debe dirigirse hacia el logro progresivo del 2% del Presupuesto Nacional, como lo recomienda la UNESCO, y de acuerdo a la Ley de Descentralización, los Estados y Municipios deben recibir las asignaciones correspondientes.   Objetivos mínimos de una política cultural   Área administrativa
  1. Dotación del Ministerio de la Cultura acorde al mantenimiento del patrimonio cultural bajo su protección; la gestión y administración de las direcciones sectoriales; el redimensionamiento de los planes institucionales de los diferentes entes tutelados; el establecimiento de programas de entrenamiento y mejoramiento de sus gerentes, administradores y promotores.
  2. Dotación de las Direcciones de Cultura adscritas a los Estados y Municipios con los mismos fines y propósitos, tendiente a la descentralización.
  3. Establecimiento de articulaciones y coordinaciones entre los diferentes organismos públicos que prestan servicios culturales para evitar la duplicación de funciones y optimizar la inversión y eficiencia.
  Ejes de correlación social a)Levantamiento de una base de datos de las asociaciones privadas (Fundaciones, ONG, asociaciones sociales) indispensable para el establecimiento de programas de cogestión y convenios. b)Vinculación activa de la educación formal básica y media con programas culturales para niños y jóvenes a fin de establecer convenios con las instituciones docentes, priorizando la población estudiantil de sectores excluidos de los circuitos de información y del acceso a los bienes y servicios culturales. c)Establecimiento de programas de promoción activa de los bienes y servicios culturales ofrecidos por la red institucional para las comunidades excluidas de los circuitos de información a través de las organizaciones de base, iniciativas vecinales, centros escolares, sociales, deportivos o de cualquier otra naturaleza de agrupación ciudadana. d)Facilitación a través de organismos públicos nacionales, regionales y municipales, y privados de los proyectos e iniciativas de las comunidades y organizaciones de base y establecimiento de convenios con el sector privado para su financiamiento.   Ejes de correlación económica
  1. Incorporación del sector privado a la promoción, cooperación y desarrollo de la acción cultural y sistematización de los aportes que representa.
  2. Establecimiento de ejes de correlación entre los productos culturales con áreas económicas, principalmente la industria editorial, audiovisual y turística.
  3. Constituir el patrimonio cultural (museos, monumentos, sitios históricos) y las tradiciones regionales en polos de atracción turísticos.
  4. Orientar los proyectos culturales que reciben subsidios públicos o privados con la dirección de insertarlos productivamente en la búsqueda del autofinanciamiento y monitorear su cumplimiento e impacto.
  5. Promoción de los valores culturales nacionales con fines de exportación mediante las representaciones diplomáticas, particularmente los productos editoriales, musicales y artesanía, con fines de intercambio cultural y de oferta comercial.
  6. Promover la acción privada a través de los medios de comunicación para la divulgación de los bienes culturales mediante la vinculación de la imagen corporativa a valores y tradiciones de la Nación.